Estimado suscriptor,
No pocos trabajadores participan hoy en el paro general sin conocer apenas el contenido del polémico 'decretazo' laboral. Para ayudar a nuestros suscriptores a optar o no por la huelga de manera libre e informada, en este número le ofrecemos un resumen del 'Real Decreto Ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad', que ha dado lugar a la convocatoria sindical.

 

Con anterioridad a esta reforma, en caso de que el trabajador impugnara su despido, percibía los salarios de tramitación hasta que el caso se resolviese por vía judicial. Estos salarios suponían el total del sueldo mensual del trabajador, y debían ser abonados por los empresarios durante los sesenta días siguientes al despido. Tras ese tiempo corrían a cuenta de la Administración, que se responsabilizaba así del retraso del proceso judicial. Una vez dictada sentencia, si el despido era declarado improcedente, nacía para el trabajador el derecho a percibir la prestación por desempleo.

Con la reforma, desde el momento en que se produce el despido, nace el derecho a la prestación por desempleo, es decir, a cobrar el paro. Si el empleado impugna el despido y la sentencia lo declara improcedente, el empresario tendrá dos opciones: readmitirle o indemnizarle, dejando de este modo a un lado los salarios de tramitación, que no serán ya abonados al trabajador.

Otro aspecto novedoso de esta reforma es el llamado 'compromiso de actividad', que consiste en la obligación de acreditar por escrito ante el Inem el hecho de que el trabajador se encuentra en situación de búsqueda activa de empleo.

Este compromiso de actividad es necesario firmarlo cada vez que se esté percibiendo prestaciones por desempleo, estableciendo asi el compromiso por parte del INEM de encontrar al trabajador una oferta de empleo adecuada, y por parte de este último a acudir a la entrevista que el Servicio Público de Empleo haya concertado para él en caso de encontrar una oferta de empleo adecuada.

A partir de la reforma, el criterio respecto a lo que es una 'oferta de empleo adecuada' queda en manos del Inem, que podrá determinar el mejor itinerario de incorporación al mercado de trabajo, de acuerdo con las capacidades profesionales y aptitudes para el trabajo del desempleado.

Se entenderá por colocación adecuada la profesión demandada por el trabajador y la que se corresponda con su profesión habitual, o cualquier otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas. En todo caso se entenderá por colocación adecuada la coincidente con la última actividad laboral desempeñada. Transcurrido un año de percepción ininterrumpida de las prestaciones, también podrán ser consideradas otras colocaciones que a juicio del Servicio Público de Empleo puedan ser ejercidas por el trabajador