Llevo varios sin días estupefacto, atónito y turulato tras recibir esta comunicación: página 1 y página 2.

En resumen, la Junta de Andalucía pretende afanarme imponerme 8.500 euros de multa porque las condiciones legales de esta web (iAbogado.com) le parecen potencialmente “abusivas” para los consumidores de Cádiz. Sí, amigo lector, has leído bien, ocho mil quinientos euros de vellón, 1.414.281 de las antiguas pesetas.

Es decir, la Administración autonómica de Andalucía, y más concretamente la Delegación Provincial de Salud de Cádiz ha decidido de oficio que nuestra página web supone un peligro (¿para la salud?) y merece ser sancionada duramente.

Me encanta Andalucía y me pirro por Cádiz, la ciudad que Neruda veía amarrada a la costa como una clara nave, pero en ella no tenemos oficina ni sucursal, ni cliente alguno. Ya me gustaría, pero nuestro despacho y domicilio social, y nuestro trabajo se sitúan principalmente en Madrid. Pero la Delegación Provincial de Salud de Cádiz (¡!) ha decidido darnos un estacazo preventivo de padre y muy señor mío. Y ello sin denuncia previa de consumidor alguno, y sin que exista daño ni perjuicio para nadie salvo para el magín de don Hipólito García Rodríguez, el Delegado Provincial de Salud en Cádiz que firma la carta de marras.

Al parecer de don Hipólito y sus implacables inspectores, he cometido tres intolerables abusos:

• No indicar en la web si vamos a “archivar el documento electrónico en el que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible”. Los consumidores gaditanos deben estar angustiados ante tan lacerante omisión en mis condiciones legales. El menoscabo para sus derechos es tan grave que ya están empezando a reunirse en plazas y barrios y a organizar sentadas en mi contra.

• No indicar en la web “la lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato”.  ¡Acabáramos! ¡Tremenda omisión! ¿Cómo no se me ocurrió indicar, al redactar las condiciones legales en castellano, que el idioma aplicable era el castellano, mediante un aviso – supongo – en castellano? Cuando leen un texto en castellano, los consumidores gaditanos han de ser advertidos de antemano acerca de ese extremo, no sea que realmente se encuentren ante una redacción en estonio o en tagalo sin advertirlo. (Por cierto, lector gaditano, aprovecho para recordarte, sin ánimo de ofender, que el presente texto está en castellano, no sea que…).

• “Figurar en las condiciones legales de uso la renuncia al fuero que pueda corresponderle”. Hace diez años, cuando redacté las condiciones de marras indiqué rutinariamente que los tribunales competentes para cualquier conflicto serían los de Madrid. Esta cláusula jamás ha tenido aplicación, pues afortunadamente ningún cliente o consumidor nos ha demandado judicialmente ni nos hemos visto en semejante trance. En todo caso, cuando un cliente que nos ha conocido a través de Internet nos encomienda algún servicio jurídico, la relación profesional pasa el online al offline; es decir, que prestamos nuestro servicio al amparo de una hoja de encargo profesional en la que se establecen unas estipulaciones sobre honorarios, plazos, etc. que son fruto de una negociación libre, voluntaria e independiente entre iguales, abogado y cliente, sin que intervenga ningún tercero, y mucho menos las autoridades sanitarias (¡!) de Cádiz (¡!¡!).

Uno, en su ignorancia de los vericuetos burocráticos de la elefantiásica organización autonómica, pensaba que un Delegado Provincial de Salud se dedicaba a gestionar los asuntos sanitarios de su provincia. Los hospitales, los médicos, las farmacias, todo eso, que no es poco. Pues bien, craso error. Al parecer, el polifacético y laborioso don Hipólito también tiene entre sus atribuciones la de inspeccionar webs de pymes de Madrid y, por extensión, todo tipo de tiendas de comercio electrónico situadas en cualquier punto del orbe y de la Internet toda.

La explicación es simple. Internet es una serie de tubos conectados que llegan a muchos lugares. Mi página web, entre otras centenares de miles, o de millones, se ve, oh, también desde Cádiz y por tanto perjudica a los consumidores gaditanos, que afortunadamente cuentan con un riguroso Delegado Provincial de Salud que les protege de mis desmanes.

Algunos amigos y compañeros míos se han llevado las manos a la cabeza. No entienden que, con la que está cayendo, una administración pública se dedique a torpedear pymes de comercio electrónico imponiendo multazos por motivos tan estupefacientes como los citados y por importes que pueden suponer el cierre de la empresa o el despido de sus trabajadores.

Me preguntan: Tú Javier, que diriges un modestísimo despacho de abogados en Madrid con apenas tres nóminas, y que te las ves y te las deseas, como tantas otras empresas, para pagar el alquiler y atender tus impuestos y gastos, ¿de dónde vas a sacar el pastón que te exige el severo don Hipólito?

También se hacen cruces, alarmados, ante la inusitada virulencia del procedimiento. Don Hipólito y sus inclementes subordinados podrían haberme enviado un requerimiento para que subsanase las “irregularidades” en un determinado plazo, aunque en mi caso habría bastado un minuto y medio para editar las condiciones web conforme a lo exigido. Pero no, don Hipólito ha optado directamente por el expediente sancionador, el garrotazo, el palo y el tentetieso.

Ante esto, mis amigos se quejan de unas administraciones públicas que, en lugar de promover el comercio electrónico en el país, las pymes que lo sustentan, y los puestos de trabajo que generan, se comportan de forma hostil, asfixiante o directamente estúpida. Alguno llegaba a calificar esta conducta como pura maldad administrativa. Otro exclamaba, no sin ironía: ¡Así vamos a crear el Silicon Valley europeo!

Otro compañero, más taimado, aludía a las necesidades recaudatorias de la cosa pública y sus innumerables empresas públicas y semipúblicas, fundaciones, entidades autónomas, observatorios, comisiones paritarias, altos cargos, parques temáticos, vehículos oficiales, centros de artes plásticas, y demás ectoplasmas pseudoadministrativos que cuestan mucho dinero y que alguien tendrá (tendré) que pagar.

Otro, cegado por su reciente lectura de La Ilíada, me señalaba el escudo, el luciente yelmo, y el labrado bálteo con que se ceñía el anciano Néstor siempre que se armaba para ir al homicida combate.

Pero yo, que soy de natural pacífico, opté por llamar el otro día por teléfono a los inspectores de mi expediente para verificar que no se trataba de una broma nacida en alguna comparsa o chirigota de la ciudad o una carta de spam nigeriano, y de ser cierta la carta, para preguntar si había alguna forma de subsanar las “irregularidades” de mi web sin tener que entregarles una libra de mi propia carne. Uno de ellos, un tipo simpático y de natural gracejo, me tranquilizó diciendo: “Hombre, no se preocupe, que los funcionarios no nos comemos a nadie” ¡Qué alivio, pardiez!

Eso sí, no me comerán vivo, pero el expediente sigue adelante, y ahora me toca dejar de lado mis labores más o menos productivas (atender a los clientes, lidiar con los proveedores, en fin) y dedicarme a defenderme de la Dirección Provincial de Salud de Cádiz con argumentos jurídicos, que los hay y muchos. No haré caso a mis amigos que me animan a cerrar la empresa y ponerme a estudiar oposiciones a mis casi 40 años, ni a los que me proponen que traslade el domicilio social a Irlanda o a alguna remota jurisdicción a donde no alcance el purificador rayo de fuego de don Hipólito.

Entre tanto, amigo lector, si aún tienes una página de comercio electrónico y eres por tanto un “prestador de servicios de la sociedad de la información” (el lenguaje legislativo es así de cursi), sugiero que te estudies detenidamente la profusa, acadabrante, segmentada y hipertrofiada legislación española sobre comercio electrónico, y cada una de las diecisiete leyes autonómicas en materia de consumo junto con sus respectivos reglamentos. Ahora mismo, don Hipólito o alguno de sus homólogos en el anchuroso territorio extragaditano podría estar observándote….

Actualización 1. Para mayor escarnio y parajoda paradoja, el aviso legal de la web de la Junta de Andalucía incluye perlas como ésta:

Cualquier controversia derivada de la interpretación, ejecución y/o uso del presente Portal, será sometida a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Sevilla.

Actualización 2 (octubre de 2012). ¿Qué ocurrió con esto? En su momento contesté a la Junta con unas voluminosas alegaciones en las que citaba la Constitución española, aludía a un buen puñado de leyes autonómicas y estatales, salpimentando el conjunto con una pizca de jurisprudencia, y que por no aburrir más al lector no reproduciré aquí. Año y medio después, seguimos a la espera de la resolución definitiva, aunque dado el tiempo transcurrido el procedimiento está más caducado que un yogur de mercadillo. (¡Hurra por la lentitud administrativa!).

En el ínterin, hemos recibido en el despacho varias consultas de otras pymes afectadas por cartas-bomba similares de la Junta de Andalucía, que no han acabado tan bien. Vendedores de ropa por internet, alguna tienda online de vinos, regentadas por autónomos con ingresos humildes o cercanos a cero, y situados en remotas regiones extragaditanas han sufrido el latigazo, y en algún caso han tenido incluso que cerrar. Ninguna gracia, pues.