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Ponemos a su disposición algunas novedades legales que pueden ser de su interés.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado la admisión a trámite de la querella interpuesta por el PSOE contra los diputados tránsfugas (Tamayo y Sáez) al considerar que no existían indicios de la comisión de un delito continuado de cohecho. El cohecho viene tipificado en el artículo 419 del Código Penal y lo cometen aquellos funcionarios públicos o autoridades que, en beneficio propio o de un tercero, solicitan o reciben alguna alguna compensación por realizar o no realizar algun hecho constitutivo de delito. La pena que lleva aparejada es la de prisión de dos a seis años, multa de hasta el triple del valor del beneficio obtenido e inhabilitación especial para el desempeño de cargos públicos por tiempo de siete a doce años; a esta sanción deberá añadirse además la prevista para el delito en que los funcionarios incurren. El Código Penal presenta este ilícito altamente cualificado y así la pena consisitirá en multa de hasta el doble del valor del beneficio obtenido e inhabilitación especial para el desempeño de cargo público por tiempo de uno a tres años si, como en el presente caso, la actividad a realizar o a no a realizar y que da lugar a la comisión del cohecho, es una de las propias del cargo público que ejerce el funcionario.

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En los últimos días ha causado gran alarma social brutal asesinato de una joven en Madrid a manos de tres jóvenes menores de edad (uno de ellos de tan sólo catorce años), dos de los cuales ya contaban con antecedentes criminales. Nuevamente se ha cuestionado la eficacia de las medidas represivas y correctoras que propone la nueva Ley del Menor, y principalmente, si en casos tan crueles como este al que hacemos referencia, el menor debe ser juzgado y condenado con las sanciones previstas por el vigente Código Penal para las personas mayores de edad.

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Empresas multinacionales con intereses en España han anunciado fuertes recortes en sus plantillas que se harán efectivos en los próximos ejercicios. En algunos casos estas reducciones de personal pretenden articularse a través de proyectos de prejubilación; en otras ocasiones está prevista la tramitación de expedientes de regulación de empleo. Estos últimos se contemplan en aquellos casos en que el despido colectivo afecta al menos a 10 trabajadores en aquellas empresas que cuentan con una plantilla de hasta 100 trabajadores, al 10% de los trabajadores en aquellas que tengan entre 100 y 300 trabajadores y, finalmente, al 30 % de los trabajadores en empresas de más de 300. El expediente de regulación de empleo se instruye por la autoridad laboral y en él debe valorarse si concurren las causas económicas alegadas por la empresa que motivan la extinción de los contratos de trabajo, y si el despido colectivo es la única alternativa para solucionar la situación de crisis que atraviesa la empresa. Las autoridades deben pronunciarse y autorizar el despido, en cuyo caso los trabajadores serán indemnizados con 20 días de salario por cada año trabajado con el límite máximo de una anualidad. Si los despidos no cuentan con la debida aprobación, los trabajadores podrán percibir indemnización por importe de 45 días de salario por cada año de trabajo, con un máximo de 42 mensualidades. Finalmente si se trata de empresas con menos de 25 trabajadores, el FOGASA abonará hasta el 40 % del importe de estas indemnizaciones.

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