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Una sola frase constituyó la pifia más monumental que se recuerda en el mundo de los grandes litigios corporativos internacionales:
“Me estoy hartando de mentir sobre la extensión de nuestras reservas”, escribió en un mal día de noviembre de 2003 Walter van der Vijver, responsable de producción de la petrolera Shell, en un correo electrónico dirigido al presidente de la compañía. El mensaje salió a la luz en una investigación interna que desencadenó un escándalo de colosales proporciones, obligó a la multinacional a recortar en más de un 20% sus reservas declaradas de petróleo, más de cuatro millones de barriles, y originó una lluvia de demandas de los accionistas defraudados a los dos lados el Atlántico.
La hecatombe corporativa sirvió de forja para una modalidad de litigio internacional, una sofisticada muestra de ingeniería jurídica: el llamado ‘modelo Shell’ de acción de clase internacional que consiste en lo siguiente.
Los abogados de los accionistas europeos de Shell se unieron a una demanda colectiva entablada en los tribunales de EE.UU., reclamando una indemnización por daños punitivos, típicamente estadounidense. Al mismo tiempo, interpusieron una acción en los Países Bajos, uno de las pocas jurisdicciones europeas en las que cabe presentar demandas de clase cuyos efectos alcancen a una pluralidad indeterminada de perjudicados, aunque no participen en el pleito. Finalmente consiguieron llegar a un arreglo extrajudicial en Holanda.
Es decir, aprovecharon todas las ventajas de litigar en Estados Unidos, sin riesgo de condena en costas (allí no existen), reclamando agresivamente sanciones punitivas gigamillonarias en juicios con jurado. Esto les sirvió para presionar a la petrolera demandada y, solventar luego el asunto amistosamente en campo propio, como así ocurrió. La ejecución de la transacción extrajudicial, y el pago de la sustanciosa indemnización, corrió a cargo de la más sosegada jurisdicción holandesa. Todo un pleito-bumerán con itinerario trasatlántico.
El experto Michael Goldhaber se pregunta atinadamente en este artículo si Ámsterdam podría convertirse en la capital europea de las demandas colectivas.
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