Y no les falta razón. La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales estableció una vacatio legis con una duración próxima a la de un ciclo glacial. Cinco años son mucho tiempo como para que se acuerden de la Ley los encargados de ejecutarla. Tras tanto sesteo, se acerca el momento de su entrada en vigor y aún no existe el reglamento de desarrollo ni la orden ministerial que aclare el contenido de los postgrados que deberán cursar los aspirantes a abogados antes de examinarse para acceder a la profesión.
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